viernes, 9 de agosto de 2013

columna


REDACCIÓN II
Ludmila G. Medrano Viscarra

El pasado 6 de agosto todo el país conmemoró los 188 años de la independencia de Bolivia entre desfiles y paradas militares. No hay mejor momento  que esa parafernalia, para ver el “civismo” en todo su esplendor, por las calles recién remozadas para el evento, en las ciudades capitales de departamento. Al ver tanta algarabía, la Mafalda de Quino volvería a preguntarse ¿patriotismo o comodidad? Y nosotros debemos preguntarnos, además, ¿alguien entiende de qué se trata el civismo?

La radiografía de los días anteriores al 6 de agosto y la misma semana aniversario del país nos muestra a comerciantes, habituales y esporádicos, haciendo “patria” con precios exorbitantes en banderas, uniformes, calzados, instrumentos musicales, cintas y todo lo necesario para verse espléndido en  los desfiles. Desde su perspectiva, se pierde de vista si es “su agosto” o es el de Bolivia.

“Un gran fervor cívico se observó ayer durante los desfiles patrios. Una jovencita se vistió con los colores de tricolor boliviana” publicó un medio de comunicación escrito de Santa Cruz. Noticias como esas son apreciadas por los bolivianos henchidos de patriotismo profundo por esos días. Pero, nos molesta hablar de la crisis en los bolsillos de los ciudadanos que cada año se hace más patente en la necesidad de usar menos tela en los uniformes de las atribuladas estudiantes. Así, los colegiales demuestran su amor a la patria haciendo pasarela e innovando con maravillosas competencias de bandas y todo para que el público presente recuerde a los mártires de la independencia.

Afortunadamente, los empleados públicos asisten a los desfiles por el celo de las instituciones a los intereses de la patria y no porque su inasistencia se reflejaría en sus boletas de sueldos. Las autoridades departamentales discursan con un verdadero sentido de bien común que fortalece al Estado y no con intereses pre electorales. A ningún ciudadano se le ocurre protestar con máscaras de ideologías importadas y los efectivos policiales tienen  jornadas apacibles sin el uso de la fuerza, acordes con el ambiente cívico que predomina.

Pero lo más importante, es que tenemos un Gobierno que nunca está más interesado en un show mediático que en la integración de una sola nación fuerte, tal como lo concibieron Bolívar y Sucre. Un gobierno que no miente a su pueblo, que es consciente de la realidad política y económica del país y que lo refleja en el mensaje de su primer mandatario.


En resumen, a todos los bolivianos nos queda claro que civismo es el servicio de los intereses patrios y que puede entenderse también como la íntegra y consciente defensa del poder civil frente a los atropellos de la fuerza. Es, esa consciencia de patria que nos genera amor por el suelo donde nacimos y por la que luchamos para que cada día sea un mejor lugar para vivir. 

viernes, 28 de junio de 2013

EDITORIAL LEY DE PENSIONES


REDACCIÓN II

Ludmila G. Medrano Viscarra

Práctica N° 8

 

Los representantes de la Central Obrera Boliviana y el Gobierno volverán hoy  a la mesa de diálogo para tratar los puntos en conflicto sobre la Ley de Pensiones. El plazo de 30 días para cambiar la norma feneció y ahora pretenden negociar el monto de la pensión solidaria y la participación de los trabajadores en la Directiva de la Gestora Pública a cargo de administrar dichos fondos. El problema es que las partes están ignorando que el actual sistema de pensiones es insostenible, va en contra de los trabajadores y fomenta la informalidad mientras que el Estado se hace de un monopolio millonario.

La actual Ley de Pensiones 065, de 10 de diciembre de 2010, crea un fondo solidario, reduce la edad de jubilación de 65 a 58 años, da acceso a los fondos con un mínimo de 10 años de aportes, instituye la contribución a favor del cónyuge que no tenga dependencia laboral, amplía su cobertura y crea una Gestora Pública estatal para administrar los fondos de pensiones, entre otras innovaciones.

Esta tolerancia ha generado que la cantidad de jubilados incremente cinco veces su número y que reciban rentas bajas. Entre 1997 y 2010 se jubilaron 29.800 personas ― 13 años ― mientras que en un año y siete meses de la vigencia de la Ley 065 lo hicieron 16.856 personas. Además, no sólo los jubilados aumentaron sino que, el 65 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país trabaja en sectores informales contra un 35 por ciento que lo hace en una actividad formal. Entonces, el menor porcentaje de trabajadores debe sostener a ese 65 por ciento  que no aporta y nunca aportó al sistema de pensiones.

El Gobierno afirmó que la creación de la pensión solidaria compensaría a los que sus aportes no alcancen para financiar su pensión de vejez. Lo cierto es que esto genera distorsiones pues gracias a ello se beneficiarán personas que jamás aportaron al sistema y  lo harán con el dinero de los trabajadores. Además, el aporte subirá en un 0,5 por ciento porque será destinado al fondo solidario. El empleado aporta el 10% de su salario, se suma el 1,71% por riesgo común y 0,5% por la administración de sus aportes, es decir que de aportar un 12,21% ahora aportará 12,71% durante 30 años de vida laboral. De todo lo “ahorrado”, toda su vida, se le devolverá sólo el 70%.  

Aquello sucede porque la Ley 065 incorpora la obligación de financiar la pensión solidaria que representa una nueva tributación a los ingresos, además de los impuestos establecidos en la Ley 843. Por otro lado, a momento de pagar las rentas a los jubilados con la anterior Ley se realiza una compensación por mantenimiento de valor según el cambio de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), esto no aplica a los trabajadores jubilados con la actual Ley, por lo que sus rentas se devaluarán cada año un aproximado de 40% quitándole su valor adquisitivo.

 Los beneficiados serán los sectores como chóferes, gremialistas, trabajadores independientes, cocaleros y otros que están dentro de la economía informal, por lo tanto ni esos sectores ni el Gobierno buscarán crear más espacios laborales formales que contribuyen al desarrollo económico del país. Por el contrario generará un déficit cada vez mayor ya que en la actualidad la pensión solidaria se financia con fondos ajenos.

Las cuentas individuales de 1,5 millones de afiliados a las AFP´s  también serán afectadas por la actual Ley de pensiones pues los fondos recaudados desde 1997, que suman 7mil millones de dólares norteamericanos, serán destinadas al pago de rentas solidarias y transferidas a un Fondo de Vejez. Esos recursos serán administrados por una Gestora Pública  ― estatal ― bajo supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Esto pone en el Estado la confianza de miles de afiliados que aportan a un sistema en el cual rige un monopolio estatal, ya que la Gestora Pública administrará los fondos de pensiones a nombre de un Estado que dicta las normas, determina derechos y obligaciones, cuantifica y modifica alícuotas, aportes, comisiones, pensiones y edad de jubilación por decreto. No tendrá las mismas obligaciones que las AFP`s. Los fondos de capitalización tampoco estarán sujetos a límites, clasificación de riesgo y criterios de diversificación, rentabilidad y seguridad, sino que tendrá facultades discrecionales para administrar las inversiones. 

No hay que olvidar que mientras otros países ajustan sus rentas de pensiones según la expectativa de vida, Bolivia va contra corriente, tampoco olvidemos que en manos del Estado, el Fondo de Pensiones ha sufrido millonarios asaltos que han ido en contra de los trabajadores. En la mesa de diálogo se debe poner en consideración el impacto económico que implica la actual Ley 065 y hacer de ella sostenible y no un premio electoral. El Gobierno debe dejar de lado el aparente proteccionismo y generar fuentes de empleo formal que en definitiva son la respuesta para  la sostenibilidad de la Ley de Pensiones.  

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jueves, 13 de junio de 2013

Editorial USAID 2


La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cierra sus proyectos en Bolivia debido a su expulsión del país tras ser acusada de conspiración contra el Gobierno. El problema es que los programas de salud y otros financiamientos fueron abandonados para que el Tesoro General de la República, con déficit fiscal creciente, los asuma. Mientras tanto, Estados Unidos (EEUU) declara que las relaciones bilaterales con Bolivia  están alejadas y podemos esperar un nuevo recorte en el apoyo contra el narcotráfico.

USAID trabajó en Bolivia desde 1964 implementando programas de cooperación en todos los departamentos. Esta cooperación fue principalmente en el área de salud en poblaciones indígenas, oportunidades económicas mediante producción agrícola y un programa de Desarrollo Sostenible y medio ambiente.

La decisión de expulsar a Usaid de Bolivia afectará a comunidades indígenas del oriente boliviano tales como los ayoreos y a sectores de escasos recursos. Los programas de Prosalud, Apcob y CIES tendrán que buscar otros fondos ya que Usaid, invirtió en el país 2.000 millones de dólares y sólo para Prosalud tenía destinado quince millones para los siguientes cinco años. Sin embargo, el Gobierno pretende invertir sólo 20 millones para todos los programas que quedan con destino incierto sin tomar a en cuenta que muchos programas son a fondo perdido.

Expulsar a Usaid fue una muestra política del presidente Evo Morales para poner de manifiesto el grave deterioro en las relaciones de su gobierno con el de Estados Unidos. Es evidente que no se consideró que entre 2005 y 2006, su aporte era mayor a los 90 millones de dólares y antes de salir no llegaba a los 30 millones. Esa reducción coincidió con actitudes inamistosas con ese gobierno. A pesar de esa notoria disminución de los últimos años, la ausencia definitiva de Usaid se sentirá en sectores a los que el gobierno nacional no ha tenido capacidad de atender.

El gobierno boliviano tampoco cumplió con el acuerdo marco que suscribió hace dos años con la secretaría de Asuntos Globales del Departamento de Estado, con el fin de redefinir las áreas de cooperación entre ambos países. Aquel acuerdo, estaba centrado en el respeto a la soberanía, la independencia y la no injerencia en asuntos internos. El Gobierno boliviano lo dejó de lado y una vez más actuó en su propio beneficio político para fortalecer su imagen preelectoral.

Sobre la conspiración de la que se acusó a Usaid, aún no se han presentado pruebas que la sustenten y si bien se ha conocido que entidades norteamericanas han usado su apoyo para inmiscuirse en asuntos nacionales es preciso que no se olvide actuar dentro del marco de pruebas concretas y juicios con debido proceso, dejando de lado intereses partidarios que sólo benefician a quienes intentan sostener una falsa ideología. Es más recomendable que el Gobierno cumpla con su deber de controlar a todas las entidades internacionales.

Editorial USAID


REDACCIÓN II
PRÁCTICA N° 7
Ludmila G. Medrano Viscarra

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cierra sus proyectos en Bolivia debido a su reciente expulsión del país tras ser acusada de conspiración contra el Gobierno. Los programas de salud y otros financiamientos son abandonados para que un Tesoro General de la República con déficit fiscal los asuma. Mientras tanto, Estados Unidos (EEUU) declara tensas las relaciones bilaterales y un nuevo recorte en el apoyo contra el narcotráfico.

USAID trabaja en Bolivia desde 1964 implementando programas de cooperación en todos los departamentos. Esta cooperación es principalmente en el área de salud en poblaciones indígenas, oportunidades económicas mediante producción agrícola y un programa de Desarrollo Sostenible y medio ambiente.

La decisión de expulsar a Usaid de Bolivia afectará a comunidades indígenas del oriente boliviano tales como los ayoreos y a sectores de escasos recursos. Los programas de Prosalud, Apcob y CIES tendrán que buscar otros fondos. Usaid, invirtió en el país 2.000 millones de dólares y sólo para Prosalud tenía destinado quince millones para los siguientes cinco años. Sin embargo, el Gobierno pretende invertir sólo 20 millones para todos los programas que quedan con destino incierto sin tomar a aun en cuenta que muchos programas son a fondo perdido.

Expulsar a Usaid fue una muestra política del presidente Evo Morales para poner de manifiesto el grave deterioro en las relaciones de su gobierno con el de Estados Unidos. Es evidente que no se consideró que entre 2005 y 2006, su aporte era mayor a los 90 millones de dólares y antes de salir no llegaba a los 30 millones. Esa reducción coincidió con actitudes inamistosas con ese gobierno. A pesar de esa notoria disminución de los últimos años, la ausencia definitiva de Usaid se sentirá en sectores a los que el gobierno naciónal no ha tenido capacidad de atender.

El gobierno boliviano tampoco cumplió con el acuerdo marco que suscribió hace dos años con la secretaría de Asuntos Globales del Departamento de Estado, con el fin de redefinir las áreas de cooperación entre ambos países. Aquel acuerdo, estaba centrado en el respeto a la soberanía, la independencia y la no injerencia en asuntos internos. El Gobierno boliviano lo dejó de lado y una vez más actuó en su propio beneficio político para fortalecer su imagen preelectoral.

Sobre la conspiración de la que se acusó a Usaid, aún no se han presentado pruebas que lo sustenten y si bien se ha conocido que entidades norteamericanas han usado su apoyo para inmiscuirse en asuntos nacionales es preciso que no se olvide actuar dentro del marco de pruebas concretas y juicios con debido proceso, dejando de lado intereses partidarios que sólo benefician a quienes intentan sostener una falsa ideología. Es más recomendable que el Gobierno cumpla con su deber de controlar a todas las entidades internacionales.

Editorial Copacabana



REDACCIÓN II
Ludmila Medrano Viscarra
PRACTICA N° 6

El plazo fatal de 30 días, acordado entre el Gobernador de La Paz y los pobladores de la provincia  Manco Kapac, para consensuar la construcción de un puente integrador en Tiquina, llegó a su fin el 12 de mayo. Sin embargo, la Gobernación no ha realizado mayores avances ni en el estudio socioeconómico ni en la socialización del proyecto con los balseros, por lo que se vislumbran nuevas medidas de presión. Mientras tanto, el tiempo ha transcurrido cediendo la priorización a otros conflictos sociales y al robo de las joyas de la patrona de Copacabana.

 A partir del fallido proyecto denominado Wiñay Marca, ni los Gobernadores sucesivos, ni los balseros con los pobladores de las tres secciones de la provincia, han podido ponerse de acuerdo en la factibilidad económico-social de la construcción de un puente sobre el lago sagrado. Esto se puso de manifiesto, el pasado 21 de marzo cuando, a raíz de la subida de los pasajes para cruzar el estrecho de Tiquina, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Tercera Sección de la provincia Manco Kapac declaró bloqueo indefinido entre Tiquina y Copacabana.

Una población desabastecida y al punto de la crisis, 19 jornadas de conflicto social, 15 días de bloqueo, 26 detenidos, varios heridos y una millonaria pérdida en el sector turístico, fue el resultado del desacuerdo entre balseros y pobladores. Mientras tanto, los dirigentes campesinos ampliaban sus demandas, la población recordaba los accidentes ocurridos en Tiquina, como el de enero de 2011 cuando dos barcazas colisionaron y una de ellas se hundió con dos vehículos.

Sin embargo, el Gobernador de La Paz, en una primera instancia, a la usanza de Pilatos, se negó resolver el problema aduciendo que debe ser zanjado entre San Pedro y San Pablo de Tiquina. Posteriormente alega la no factibilidad financiera del proyecto y finalmente la imposibilidad de negociar por temor a su seguridad. Por el contrario, de forma por demás desatinada, se despliega a efectivos policiales quienes protagonizan excesos, con lo cual el conflicto se agrava. Es entonces cuando el Gobernador Cocarico decide recién ceder  y negociar en “terreno neutral” y finalmente se firma un acuerdo.

Al parecer, las autoridades esperan que los conflictos se agraven y existan heridos, muertos y detenidos, para tomar con  seriedad las negociaciones. Así ocurrió antes en Caranavi por la fábrica de cítricos y ahora en Copacabana. De igual forma, se firman acuerdos con uno y otro sector enfrentado, aunque éstos sean contradictorios entre sí esperando otro conflicto. Da la impresión de que se espera que los sectores olviden sus demandas, por el paso del tiempo o por distracciones tales como robos de joyas.

Ahora, con la virgen visitando La Paz y con su manto cargado de billetes, nadie piensa en el pasado conflicto. ¿Serán 30 días la estrategia para no cumplir con los acuerdos firmados? Recordemos que recientemente, de la misma forma se suscribió un convenio con algunos de los sectores sociales que reclamaban el 100 por ciento de jubilación. 

Sin embargo, es necesario recordar que cualquier distracción desaparece y las autoridades tendrán que enfrentar los conflictos que ellos mismos acarrean al no cumplir sus compromisos. Por ello, lo más sano es que el Gobernador de La Paz, tome en serio y termine los estudios socioeconómicos ofrecidos a la provincia Manco Kapac y que además se llegue a un verdadero consenso con los balseros de Tiquina, de lo contrario pronto estaremos enfrentando un nuevo conflicto en Copacabana.

viernes, 10 de mayo de 2013

Borrador de Lead


REDACCIÓN II
Ludmila G. Medrano Viscarra
PRÁCTICA N° 5


LEAD
El plazo de 30 días, acordado entre el Gobernador y los pobladores de la provincia  Manco Kapac, para realizar un estudio socio-económico de la región y convencer a los pobladores de San Pablo de Tiquina para la construcción de un puente integrador, llegará a su fin en dos días. Sin embargo, no obstante haber tenido un breve acercamiento con los pobladores de San Pablo, la Gobernación no ha realizado mayores avances ni en uno ni en otro compromiso lo que puede mantener latente el conflicto.


A dos días de cumplirse el plazo, acordado entre el Gobernador y los pobladores de la provincia Manco Kapac, para realizar un estudio socio-económico de la región y convencer a los pobladores de San Pablo de Tiquina para la construcción de un puente integrador, la Gobernación no ha realizado mayores avances ni en uno ni en otro compromiso, lo que mantiene el conflicto latente en Copacabana.


viernes, 3 de mayo de 2013

Problematizacion conflicto Copacabana


REDACCIÓN II
Ludmila G. Medrano Viscarra
Práctica N° 5

PROBLEMÁTICA
Después de 18 días de conflicto, el Gobernador César Cocarico firmó un acuerdo con los residentes de la Provincia Manco Kapac en el que compromete la construcción de un solo puente entre San Pablo y San Pedro de Tiquina. Los pobladores, si bien cedieron en su exigencia de que se construyan tres puentes, pusieron fecha límite para el inicio de las obras. 

Con ese acuerdo, se resolvió el conflicto iniciado el 23 de marzo por los pobladores de Manco Kapac. Sin embargo, no se resuelve el problema previo, iniciado el 2009, que se trataba del rechazo al proyecto Wiñay Marca como un objetivo integral turístico. En específico, los pobladores de San Pablo y San Pedro de Tiquina rechazaban, de forma enfática, la construcción  de puentes integradores porque atentaba  contra su medio de subsistencia basado en el servicio de transporte lacustre en el estrecho de Tiquina.

El 2009, se firmó un acuerdo entre los balseros y el entonces Prefecto de La Paz donde se comprometía garantizar el medio de subsistencia de los balseros y la no construcción del esperado puente. En la actualidad se firmó un  acuerdo exactamente contrario al primero y a pesar de que Cocarico prometió un estudio socioeconómico en la región, no sería extraño ver  resurgir un  conflicto entre las partes afectadas.