EDITORIAL LEY DE PENSIONES

REDACCIÓN II

Ludmila G. Medrano Viscarra

Práctica N° 8

 

Los representantes de la Central Obrera Boliviana y el Gobierno volverán hoy  a la mesa de diálogo para tratar los puntos en conflicto sobre la Ley de Pensiones. El plazo de 30 días para cambiar la norma feneció y ahora pretenden negociar el monto de la pensión solidaria y la participación de los trabajadores en la Directiva de la Gestora Pública a cargo de administrar dichos fondos. El problema es que las partes están ignorando que el actual sistema de pensiones es insostenible, va en contra de los trabajadores y fomenta la informalidad mientras que el Estado se hace de un monopolio millonario.

La actual Ley de Pensiones 065, de 10 de diciembre de 2010, crea un fondo solidario, reduce la edad de jubilación de 65 a 58 años, da acceso a los fondos con un mínimo de 10 años de aportes, instituye la contribución a favor del cónyuge que no tenga dependencia laboral, amplía su cobertura y crea una Gestora Pública estatal para administrar los fondos de pensiones, entre otras innovaciones.

Esta tolerancia ha generado que la cantidad de jubilados incremente cinco veces su número y que reciban rentas bajas. Entre 1997 y 2010 se jubilaron 29.800 personas ― 13 años ― mientras que en un año y siete meses de la vigencia de la Ley 065 lo hicieron 16.856 personas. Además, no sólo los jubilados aumentaron sino que, el 65 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país trabaja en sectores informales contra un 35 por ciento que lo hace en una actividad formal. Entonces, el menor porcentaje de trabajadores debe sostener a ese 65 por ciento  que no aporta y nunca aportó al sistema de pensiones.

El Gobierno afirmó que la creación de la pensión solidaria compensaría a los que sus aportes no alcancen para financiar su pensión de vejez. Lo cierto es que esto genera distorsiones pues gracias a ello se beneficiarán personas que jamás aportaron al sistema y  lo harán con el dinero de los trabajadores. Además, el aporte subirá en un 0,5 por ciento porque será destinado al fondo solidario. El empleado aporta el 10% de su salario, se suma el 1,71% por riesgo común y 0,5% por la administración de sus aportes, es decir que de aportar un 12,21% ahora aportará 12,71% durante 30 años de vida laboral. De todo lo “ahorrado”, toda su vida, se le devolverá sólo el 70%.  

Aquello sucede porque la Ley 065 incorpora la obligación de financiar la pensión solidaria que representa una nueva tributación a los ingresos, además de los impuestos establecidos en la Ley 843. Por otro lado, a momento de pagar las rentas a los jubilados con la anterior Ley se realiza una compensación por mantenimiento de valor según el cambio de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), esto no aplica a los trabajadores jubilados con la actual Ley, por lo que sus rentas se devaluarán cada año un aproximado de 40% quitándole su valor adquisitivo.

 Los beneficiados serán los sectores como chóferes, gremialistas, trabajadores independientes, cocaleros y otros que están dentro de la economía informal, por lo tanto ni esos sectores ni el Gobierno buscarán crear más espacios laborales formales que contribuyen al desarrollo económico del país. Por el contrario generará un déficit cada vez mayor ya que en la actualidad la pensión solidaria se financia con fondos ajenos.

Las cuentas individuales de 1,5 millones de afiliados a las AFP´s  también serán afectadas por la actual Ley de pensiones pues los fondos recaudados desde 1997, que suman 7mil millones de dólares norteamericanos, serán destinadas al pago de rentas solidarias y transferidas a un Fondo de Vejez. Esos recursos serán administrados por una Gestora Pública  ― estatal ― bajo supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Esto pone en el Estado la confianza de miles de afiliados que aportan a un sistema en el cual rige un monopolio estatal, ya que la Gestora Pública administrará los fondos de pensiones a nombre de un Estado que dicta las normas, determina derechos y obligaciones, cuantifica y modifica alícuotas, aportes, comisiones, pensiones y edad de jubilación por decreto. No tendrá las mismas obligaciones que las AFP`s. Los fondos de capitalización tampoco estarán sujetos a límites, clasificación de riesgo y criterios de diversificación, rentabilidad y seguridad, sino que tendrá facultades discrecionales para administrar las inversiones. 

No hay que olvidar que mientras otros países ajustan sus rentas de pensiones según la expectativa de vida, Bolivia va contra corriente, tampoco olvidemos que en manos del Estado, el Fondo de Pensiones ha sufrido millonarios asaltos que han ido en contra de los trabajadores. En la mesa de diálogo se debe poner en consideración el impacto económico que implica la actual Ley 065 y hacer de ella sostenible y no un premio electoral. El Gobierno debe dejar de lado el aparente proteccionismo y generar fuentes de empleo formal que en definitiva son la respuesta para  la sostenibilidad de la Ley de Pensiones.  

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